La Dirección General de Ingresos (DGI) de Panamá anunció que, desde 2024, todos los profesionales liberales estarán obligados a emitir facturas electrónicas. Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema tributario y aumentar la eficiencia en la recaudación de impuestos.
Sin embargo, la implementación de la mencionada obligatoriedad ha suscitado diversas reacciones entre los profesionales liberales. Algunos han expresado preocupaciones sobre la preparación, el impacto en sus operaciones cotidianas, incluso por la seguridad de los datos, por lo que la DGI decidió aplazar temporalmente esta reglamentación.
Sin embargo, el director de la DGI, Publio de Gracia, comentó que la facturación electrónica: “No es una discusión caprichosa de Panamá es el método de facturación que es adoptado en la mayoría de los países en el mundo (…) Nos dará la oportunidad de presentar nuestros argumentos y estamos seguros, darán más legitimidad a este método de facturación”, de acuerdo con el portal Metro Libre.
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En respuesta, la DGI ha establecido una serie de iniciativas para educar y asistir a los profesionales en la transición hacia la facturación electrónica. Estas incluyen talleres, seminarios y recursos en línea destinados a clarificar el proceso y abordar dudas específicas.
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Riesgos de la facturación electrónica
Contrario a las contingencias, son muchos los beneficios de la facturación electrónica, como: la simplificación de procedimientos administrativos, la reducción de costos de impresión, la seguridad de los datos y la transparencia en la información. Además, facilita el almacenamiento y conservación de facturas, junto al cumplimiento tributario.
A finales de 2023, Panamá reportó un impresionante crecimiento en el uso de la factura electrónica, con más de 60.000 contribuyentes, un aumento del 164% con respecto al año anterior.
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